• La rápida escalada de la crisis de salud pública generada por el coronavirus COVID-19 ha derivado en una situación sin precedentes, en la que el conjunto de la economía española y, en particular, su tejido empresarial, se enfrenta a retos productivos, organizativos y sanitarios de gravedad y magnitud desconocidos en nuestra historia reciente. 

• Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 30 de enero que la situación suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional, la gravedad de la crisis ha ido creciendo y son numerosos los Estados, incluido el español, que han adoptado medidas restrictivas de la libertad de movimientos de sus ciudadanos y medidas restrictivas de la actividad de las empresas con la doble finalidad de proteger la salud de los ciudadanos, intentando mitigar, en lo posible, las consecuencias económicas derivadas de esta situación. Finalmente, el 11 de marzo, la OMS confirmó que el brote del COVID-19 se había convertido en pandemia. 

• Las excepcionales circunstancias anteriormente descritas han puesto de manifiesto la necesidad de facilitar a las empresas instrumentos que les permitan acreditar de forma ágil y eficiente en el ámbito de su actividad exterior las restricciones y limitaciones sufridas como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 y de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para combatirla, así como el impacto que tales restricciones y limitaciones ha supuesto en el normal desenvolvimiento del curso ordinario de su negocios y, en particular, en el cumplimiento de sus compromisos contractuales con clientes o proveedores extranjeros. 

• Las Cámaras de Comercio cuentan con atribuciones legales suficientes –en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.1 a), b) y d) de la Ley 4/2014– para atender la necesidad anteriormente expuesta mediante la expedición de declaraciones sobre el impacto de las excepcionales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la actividad exterior de las empresas de su demarcación, previa presentación de una declaración responsable por parte de la empresa solicitante.